Imparcialidad

La aprobación de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz ha generado controversia. Desde la derecha se sostiene que su conducta constituyó un notable abandono de deberes, pues habría informado a su hija sobre el resultado de una sentencia y no denunció adecuadamente sobre su teletrabajo desde Italia. Por otro lado, desde la izquierda se señala que esta acusación obedece a un caso de aprovechamiento político con el verdadero fin de removerlo por sus fallos, que incomodaban a ciertos sectores.

Es evidente que el ministro Muñoz ha ejercido la jurisdicción de una manera que se ha apartado del modelo tradicional de un juez apegado estrictamente al derecho. Un ejemplo paradigmático es la dictación de sentencias con efectos generales, invadiendo las atribuciones del Poder Legislativo. Sin embargo, este tipo de decisiones no formaron parte del contenido de la acusación constitucional.

La imparcialidad es la única garantía de que las decisiones de los jueces se apegan al derecho y al mérito del proceso.

En efecto, existe un consenso amplio en que las decisiones jurisdiccionales no deben ser objeto de una acusación, ya que esto afectaría la independencia judicial y la separación de poderes. Este acuerdo implícito en el debate es un avance respecto a casos pasados, como las acusaciones de 2018 contra jueces de la Segunda Sala de la Corte Suprema o la ministra Silvana Donoso, en los que sí se intentó destituir a los magistrados por sus fallos.

El debate en esta caso se ha centrado en si la acusación estaba realmente justificada. Mientras algunos consideran que los hechos aportaron pruebas suficientes, otros sostienen que no había mérito para acusar, argumentando que el estándar requerido es demasiado alto. El verdadero desacuerdo radica en si los hechos específicos eran lo suficientemente graves como para sostener una acusación constitucional y sospechan de motivaciones ulteriores. Con todo, cabe señalar que los hechos que originaron la acusación contra Muñoz ocurrieron hace dos años, y en ese tiempo ni el Poder Judicial ni el Congreso tomaron medidas. Solo tras la crisis del “caso Audios”, que involucraba situaciones distintas, el tema fue retomado. Por otra parte, a pesar de que el Senado decidió votar los casos de Sergio Muñoz y la ministra Ángela Vivanco por separado, la tramitación conjunta de la acusación constitucional contra ambos en la Cámara de Diputados, por hechos diferentes y en tiempos distintos, generó controversia sobre la legitimidad del proceso.

En definitiva, se trata de un episodio que refleja el deterioro institucional del país y agrava la crisis de confianza que afecta al Poder Judicial, cuya credibilidad ya se encontraba en niveles históricamente bajos antes del caso audios. La imparcialidad es, sin duda, el valor más importante que debe regir la labor de los jueces, y esta acusación, más allá de cómo se evalúe, establece un estándar muy elevado para las futuras generaciones de magistrados.